Desde hace una semana están publicándose en el periódico «El Confidencial» informaciones alarmantes en relación con las dietas y gastos que se pagan en el Consejo General de la Abogacía, la sangría económica que supone el contrato de correo electrónico suscrito con Microsoft y otras cuestiones poco edificantes relativas a la presidenta del Consejo.

Desde hace una semana hemos estado esperando que la presidenta del Consejo comparezca a dar explicaciones ante tan alarmantes noticias sin que lo haya hecho ni, a día de hoy, exista el más mínimo indicio de que lo vaya a hacer.

La estrategia de la presidenta en situaciones de esta especie ha sido siempre la misma: callar, esperar que la indignación se vaya diluyendo y proseguir con una forma de dirigir el Consejo que choca frontalmemte contra cualquier principio de transparencia.

Pero esta vez no va a ser así, no debe ser así, no puede ser así. Desde la Red de Abogadas y Abogados de España vamos a ejercer todos los derechos que nos confiere la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para exigir toda la documentación relativa a los hechos relatados de forma que, tras su estudio, podamos decidir si emplear o no los remedios jurídicos que procedan.

Lo que ya no es remediable es el daño que la presidenta con su silencio ha hecho a la imagen del Consejo General que preside pues, en lugar de apresurarse a aclarar los extremos denunciaros ha preferido callar; en lugar de dar visibilidad a acuerdos y documentos que afectan a los intereses y la economía de todos ha preferido mantenerlos secretos y, en lugar de mostrarse transparente con sus iguales, sus compañeros y compañeras de profesión, ha preferido ocultarles aspectos más que importantes de su gestión.

La presidenta ya llega tarde y los consejeros debieran ocuparse de forma inmediata de que no siga deteriorando la imagen del Consejo y quienes lo integran.

Desde hace una semana están publicándose en el periódico «El Confidencial» informaciones alarmantes en relación con las dietas y gastos que se pagan en el Consejo General de la Abogacía, la sangría económica que supone el contrato de correo electrónico suscrito con Microsoft y otras cuestiones poco edificantes relativas a la presidenta del Consejo.

Desde hace una semana hemos estado esperando que la presidenta del Consejo comparezca a dar explicaciones ante tan alarmantes noticias sin que lo haya hecho ni, a día de hoy, exista el más mínimo indicio de que lo vaya a hacer.

La estrategia de la presidenta en situaciones de esta especie ha sido siempre la misma: callar, esperar que la indignación se vaya diluyendo y proseguir con una forma de dirigir el Consejo que choca frontalmemte contra cualquier principio de transparencia.

Pero esta vez no va a ser así, no debe ser así, no puede ser así. Desde la Red de Abogadas y Abogados de España vamos a ejercer todos los derechos que nos confiere la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para exigir toda la documentación relativa a los hechos relatados de forma que, tras su estudio, podamos decidir si emplear o no los remedios jurídicos que procedan.

Lo que ya no es remediable es el daño que la presidenta con su silencio ha hecho a la imagen del Consejo General que preside pues, en lugar de apresurarse a aclarar los extremos denunciaros ha preferido callar; en lugar de dar visibilidad a acuerdos y documentos que afectan a los intereses y la economía de todos ha preferido mantenerlos secretos y, en lugar de mostrarse transparente con sus iguales, sus compañeros y compañeras de profesión, ha preferido ocultarles aspectos más que importantes de su gestión.

La presidenta ya llega tarde y los consejeros debieran ocuparse de forma inmediata de que no siga deteriorando la imagen del Consejo y quienes lo integran.