Alejandro Ponce es Licenciado en Economía por el ITAM en México, y tiene Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Stanford. Como Jefe de Investigación del World Justice Project (WJP), lidera las iniciativas de investigación y recopilación de datos que abarcan desde la producción del Índice de Estado de Derecho y el Reporte Global de Acceso a la Justicia, hasta el diseño y la implementación de proyectos de investigación en temas de justicia civil y penal en Afganistán, Pakistán, la Unión Europea y México.

¿Qué es la brecha de justicia?

En la meta 16.3 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) plasmó: “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. Es decir, la necesidad de proveer justicia para todos sin dejar a nadie atrás.

A partir de este llamado, se puede definir la brecha de justicia como la cantidad de gente que buscando resolver un problema justiciable, no encuentre acceso a un sistema que imparta justicia.

La brecha, centrada en las experiencias de la gente buscando resolver sus problemas, incorpora una gran diversidad de situaciones: conflictos con vecinos, problemas con la policía, dificultades para recibir un beneficio del gobierno al que se tiene derecho, problemas por la custodia de un menor, problemas laborales como un despido injustificado, problemas de tenencia de una propiedad o tierra, o problemas con caseros, por mencionar los más comunes.

Otros tipos de problemas son de la índole penal, como ser víctima de un delito patrimonial o de violencia.

Asimismo, un grupo importante de personas dentro de la brecha son aquellos excluidos de las oportunidades que la ley provee, aquellos que no tienen documentos de identidad legal, de tenencia de la tierra o de su vivienda, o que trabajan en la informalidad.

Finalmente, los casos más extremos son los de aquellas personas que viven en situaciones de alta violencia, inseguridad e inestabilidad política, los que no tienen nacionalidad o aquellos que viven en situaciones de esclavitud moderna.

Las razones que explican la existencia de la brecha son variadas: algunas personas no conocen sus derechos o no conocen los mecanismos para resolver sus problemas, a donde acudir o con quien.

Algo muy común también es que esos mecanismos son costosos o lentos, lo cual los hace poco accesibles para una gran parte de la población. Así, la brecha ayuda a entender donde se tiene que hacer énfasis en la política para obtener justicia para todos.

Alejandro Ponce, Jefe de Investigación del World Justice Project.

¿Cuáles son los tipos de problemas más frecuentes en la región?

La mayoría de los problemas son aquellos relacionados con servicios o productos defectuosos, es decir, problemas del consumidor, seguidos de temas civiles, como conflictos con vecinos.

Sin embargo, muchos de esos problemas no son necesariamente los más severos. En la mayoría de estos casos, no es necesario ir a un tribunal o instancia administrativa, y pueden ser resueltos mediante un acuerdo entre las partes partes o mediante otro tipo de acuerdos o mediación, lo cual también implica tener acceso a la justicia.

Otros problemas, aunque menos frecuentes, son más graves para las personas. Por ejemplo, conflictos laborales o vinculados con el derecho administrativo, como los despidos injustificados, la falta de acceso a los beneficios del gobierno o casos de corrupción. Estos problemas pueden impactar la salud de las personas, ocasionarles estrés, o incluso problemas económicos que pueden persistir por mucho tiempo.

Adicionalmente, América Latina tiene una amplia brecha en justicia penal. Ésta incluye a las personas que son víctimas de un crimen que no queda resuelto, y que en muchos casos no se llega ni a denunciar a sabiendas de la ineficacia de las autoridades.

La región también experimenta la falta de acceso a la justicia desde la dimensión de las oportunidades que la ley provee. En muchos casos, una persona no puede acceder a la justicia porque carece de ciertas herramientas básicas para hacer cumplir sus derechos.

Por ejemplo, una persona que no puede acceder a un beneficio o programa provisto por el gobierno porque carece de un documento de identidad. La ONU estima que en el mundo hay 1.1 mil millones de personas sin documentos de identidad, de los cuales aproximadamente 30 millones están en América Latina.

Todo esto impacta negativamente sobre el desarrollo económico de la región.

La gente que no puede resolver sus problemas enfrenta costos por diversas razones: costos directos por intentar resolverlos, costos por los días que dejan de trabajar como consecuencia, e incluso los costos relacionados a problemas de salud, también consecuencia de estos problemas. Todo ello juega en contra de los que menos tienen en el camino para el desarrollo económico.

¿De qué forma la tecnología puede impactar en el acceso a la justicia?

El desarrollo tecnológico va a facilitar el acceso a la justicia de diferentes maneras.

Primero, la tecnología puede ayudar a la gente a tener un mayor acceso a información relevante para resolver sus problemas. El acceso a la información permite que la gente conozca mejor sus derechos, asegurando así un mayor acceso a la justicia.

Un mayor acceso a la información también permite a la gente resolver sus conflictos sin la necesidad de acudir a un abogado o a la corte. Esto ayuda a ahorrarle tiempo a las personas además de disminuir la carga administrativa de las cortes o juzgados.

Segundo, la tecnología permite a la gente contar con más herramientas para acceder a la justicia, al permitir el acceso a los mecanismos de resolución de disputas o de denuncia desde sus computadoras o teléfonos móviles. Algunos de estos avances incluyen las denuncias criminales virtuales o la asesoría de especialistas en temas legales que de otra manera podrían implicar un alto costo en traslados.

Tercero, la tecnología puede ayudar a las instituciones encargadas de resolver los problemas a tener procesos más eficientes, evitando que haya cuellos de botella y que las decisiones sean más expeditas. Esto puede darse en oficinas gubernamentales o también en ámbitos no gubernamentales. Por ejemplo, los expedientes electrónicos y los sistemas digitales pueden ayudar en los juzgados a reducir los tiempos del proceso.

Todo esto puede ayudar de gran manera facilitar el acceso a la justicia.

Estamos en un momento muy importante en que es necesario entender a la justicia, no sólo como resolución de disputas, sino también como catalizadora de desarrollo económico y social en todo el mundo.

La ONU ha destacado al acceso a la justicia como parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que implica que la justicia tiene una doble importancia: no sólo es un bien deseable por su impacto directo en el bienestar de las personas, sino que también es un catalizador y habilitador del desarrollo.

Es un derecho que empodera a las personas de manera que permite que los otros Objetivos del Desarrollo Sostenible también se cumplan.

Y no es algo que sólo incumbe a los abogados ni que se vive sólo en las cortes. La justicia tiene rostro y está en las calles de cada ciudad y cada comunidad. Las discusiones de política pública deben tener en el centro a las personas, sus contextos y sus problemas, y no sólo a las instituciones o a las leyes, ya que ello garantizará que surja un espectro de soluciones más amplio y efectivo.

Alejandro Ponce es Licenciado en Economía por el ITAM en México, y tiene Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Stanford. Como Jefe de Investigación del World Justice Project (WJP), lidera las iniciativas de investigación y recopilación de datos que abarcan desde la producción del Índice de Estado de Derecho y el Reporte Global de Acceso a la Justicia, hasta el diseño y la implementación de proyectos de investigación en temas de justicia civil y penal en Afganistán, Pakistán, la Unión Europea y México.

¿Qué es la brecha de justicia?

En la meta 16.3 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) plasmó: “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. Es decir, la necesidad de proveer justicia para todos sin dejar a nadie atrás.

A partir de este llamado, se puede definir la brecha de justicia como la cantidad de gente que buscando resolver un problema justiciable, no encuentre acceso a un sistema que imparta justicia.

La brecha, centrada en las experiencias de la gente buscando resolver sus problemas, incorpora una gran diversidad de situaciones: conflictos con vecinos, problemas con la policía, dificultades para recibir un beneficio del gobierno al que se tiene derecho, problemas por la custodia de un menor, problemas laborales como un despido injustificado, problemas de tenencia de una propiedad o tierra, o problemas con caseros, por mencionar los más comunes.

Otros tipos de problemas son de la índole penal, como ser víctima de un delito patrimonial o de violencia.

Asimismo, un grupo importante de personas dentro de la brecha son aquellos excluidos de las oportunidades que la ley provee, aquellos que no tienen documentos de identidad legal, de tenencia de la tierra o de su vivienda, o que trabajan en la informalidad.

Finalmente, los casos más extremos son los de aquellas personas que viven en situaciones de alta violencia, inseguridad e inestabilidad política, los que no tienen nacionalidad o aquellos que viven en situaciones de esclavitud moderna.

Las razones que explican la existencia de la brecha son variadas: algunas personas no conocen sus derechos o no conocen los mecanismos para resolver sus problemas, a donde acudir o con quien.

Algo muy común también es que esos mecanismos son costosos o lentos, lo cual los hace poco accesibles para una gran parte de la población. Así, la brecha ayuda a entender donde se tiene que hacer énfasis en la política para obtener justicia para todos.

Alejandro Ponce, Jefe de Investigación del World Justice Project.

¿Cuáles son los tipos de problemas más frecuentes en la región?

La mayoría de los problemas son aquellos relacionados con servicios o productos defectuosos, es decir, problemas del consumidor, seguidos de temas civiles, como conflictos con vecinos.

Sin embargo, muchos de esos problemas no son necesariamente los más severos. En la mayoría de estos casos, no es necesario ir a un tribunal o instancia administrativa, y pueden ser resueltos mediante un acuerdo entre las partes partes o mediante otro tipo de acuerdos o mediación, lo cual también implica tener acceso a la justicia.

Otros problemas, aunque menos frecuentes, son más graves para las personas. Por ejemplo, conflictos laborales o vinculados con el derecho administrativo, como los despidos injustificados, la falta de acceso a los beneficios del gobierno o casos de corrupción. Estos problemas pueden impactar la salud de las personas, ocasionarles estrés, o incluso problemas económicos que pueden persistir por mucho tiempo.

Adicionalmente, América Latina tiene una amplia brecha en justicia penal. Ésta incluye a las personas que son víctimas de un crimen que no queda resuelto, y que en muchos casos no se llega ni a denunciar a sabiendas de la ineficacia de las autoridades.

La región también experimenta la falta de acceso a la justicia desde la dimensión de las oportunidades que la ley provee. En muchos casos, una persona no puede acceder a la justicia porque carece de ciertas herramientas básicas para hacer cumplir sus derechos.

Por ejemplo, una persona que no puede acceder a un beneficio o programa provisto por el gobierno porque carece de un documento de identidad. La ONU estima que en el mundo hay 1.1 mil millones de personas sin documentos de identidad, de los cuales aproximadamente 30 millones están en América Latina.

Todo esto impacta negativamente sobre el desarrollo económico de la región.

La gente que no puede resolver sus problemas enfrenta costos por diversas razones: costos directos por intentar resolverlos, costos por los días que dejan de trabajar como consecuencia, e incluso los costos relacionados a problemas de salud, también consecuencia de estos problemas. Todo ello juega en contra de los que menos tienen en el camino para el desarrollo económico.

¿De qué forma la tecnología puede impactar en el acceso a la justicia?

El desarrollo tecnológico va a facilitar el acceso a la justicia de diferentes maneras.

Primero, la tecnología puede ayudar a la gente a tener un mayor acceso a información relevante para resolver sus problemas. El acceso a la información permite que la gente conozca mejor sus derechos, asegurando así un mayor acceso a la justicia.

Un mayor acceso a la información también permite a la gente resolver sus conflictos sin la necesidad de acudir a un abogado o a la corte. Esto ayuda a ahorrarle tiempo a las personas además de disminuir la carga administrativa de las cortes o juzgados.

Segundo, la tecnología permite a la gente contar con más herramientas para acceder a la justicia, al permitir el acceso a los mecanismos de resolución de disputas o de denuncia desde sus computadoras o teléfonos móviles. Algunos de estos avances incluyen las denuncias criminales virtuales o la asesoría de especialistas en temas legales que de otra manera podrían implicar un alto costo en traslados.

Tercero, la tecnología puede ayudar a las instituciones encargadas de resolver los problemas a tener procesos más eficientes, evitando que haya cuellos de botella y que las decisiones sean más expeditas. Esto puede darse en oficinas gubernamentales o también en ámbitos no gubernamentales. Por ejemplo, los expedientes electrónicos y los sistemas digitales pueden ayudar en los juzgados a reducir los tiempos del proceso.

Todo esto puede ayudar de gran manera facilitar el acceso a la justicia.

Estamos en un momento muy importante en que es necesario entender a la justicia, no sólo como resolución de disputas, sino también como catalizadora de desarrollo económico y social en todo el mundo.

La ONU ha destacado al acceso a la justicia como parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que implica que la justicia tiene una doble importancia: no sólo es un bien deseable por su impacto directo en el bienestar de las personas, sino que también es un catalizador y habilitador del desarrollo.

Es un derecho que empodera a las personas de manera que permite que los otros Objetivos del Desarrollo Sostenible también se cumplan.

Y no es algo que sólo incumbe a los abogados ni que se vive sólo en las cortes. La justicia tiene rostro y está en las calles de cada ciudad y cada comunidad. Las discusiones de política pública deben tener en el centro a las personas, sus contextos y sus problemas, y no sólo a las instituciones o a las leyes, ya que ello garantizará que surja un espectro de soluciones más amplio y efectivo.